Los fundamentos éticos de la validez jurídica y necesidad política de la legalización de los matrimonios homosexuales

La reforma emprendida por la Asamblea Legislativa del D.F. no sólo es positiva sino necesaria porque constituye un acto de justicia para con un grupo minoritario de la sociedad que ha sido tradicionalmente discriminado en distintos ámbitos, así como excluido de derecho básicos que los demás ciudadanos disfrutan sin ninguna restricción. La reforma tiene fundamento en las garantías individuales de nuestra Constitución, así como en los principios y declaraciones de derechos humanos de orden internacional, que México ha promovido y suscrito. Por medio de la legalización de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, el Distrito Federal reconoce que la ley ha sido discriminatoria por excluir, sin razones suficientes, de derechos civiles fundamentales a un sector minoritario de ciudadanos. Por tanto, la igualdad de derechos fundamentales, así como el derecho a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género son los principales argumentos éticos a favor de esta histórica y trascendente reforma.


En segundo lugar, y derivado de lo anterior, el reconocimiento de este derecho al matrimonio civil para las personas homosexuales no afecta a ningún tercero, no reduce el ámbito de las libertades y las capacidades de los ciudadanos para buscar su propia felicidad y contribuir al bienestar colectivo; por el contario, las amplía. La diversidad de orientaciones e identidades sexuales, así como los formatos diferentes de familias es un hecho natural y cultural que debe ser reconocido y normalizado por la ley, para dejar atrás la época de intolerancia, de rechazo y segregación que las personas homosexuales han sufrido durante años por el sólo hecho de su orientación sexual distinta. Ésta no puede ser considerada por una ética filosófica, conciliada con la evidencia científica y con la evolución histórica de la sociedad actual, ni como una supuesta “perversión”, ni como una pretendida “enfermedad”.

Tercero. El matrimonio, así como la familia, son instituciones sociales que han evolucionado a lo largo de la historia. La ley debe reconocer y regular la diversidad existente de formas de familias, así como las distintas funciones del matrimonio. Es inaceptable en términos éticos una definición rígida y sustancialista de la familia o del matrimonio. El hecho de que tradicionalmente las familias y los matrimonios hayan sido heterosexuales no implica que el Estado actual no deba reconocer y proteger legalmente la existencia de otras formas de relación social, superando así criterios moralistas de evidente obsolescencia. Y superando, con ello, la injerencia de poderes eclesiásticos en la legislación de un Estado constitucionalmente laico, como es el nuestro.

Cuarto. No existen razones objetivas ni científicamente fundadas para conjeturar riesgos para los menores criados y/o adoptados por parejas homosexuales. En comparación general con las parejas heterosexuales no hay diferencias significativas en los efectos psico-sociales para los niños(as). El interés superior de los menores consiste en su bienestar físico-mental, así como en el derecho a tener una familia o ser reintegrados en una familia cuando carecen de ella. Tanto las familias heteroparentales como las homoparentales pueden ofrecer las condiciones adecuadas para criar, cuidar y educar a niños(as) huérfanos o abandonados. Es inaceptable que el Estado discrimine a favor de un solo tipo de familia para dar en adopción a menores. Lo que ética y jurídicamente se requiere en México es una racionalización en los criterios y en los procedimientos legales para la adopción, sea para matrimonios hetero u homosexuales y también para padres o madres solteros.

Quinto. Un signo esencial de la solidez y madurez de una democracia es su capacidad para proteger y defender los derechos de las minorías, grupos vulnerables o grupos de personas que tradicionalmente han sufrido discriminaciones políticas y/o sociales. Tal es el caso de las personas homosexuales y de sus hijos. Debido a la inercia de tradiciones religiosas y de autoritarismo político que han prevalecido en nuestro país, las personas homosexuales han sido discriminadas, ridiculizadas, acosadas o violentadas. Es un acto de justicia reparadora, necesaria e inaplazable, terminar con dicha discriminación indebida hacia las personas homosexuales y las familias homoparentales en todos los ámbitos sociales y políticos. Es tiempo de que el Estado mexicano reconozca esta injusticia histórica para que la repare y compense, al menos formalmente en el contenido de sus leyes. La legalización del matrimonio (y el derecho derivado de adopción) en el D.F. es apenas un primer paso en ese largo proceso de hacer justicia a un grupo minoritario en este país, y para que nuestra democracia se ponga a la altura de los valores humanos de nuestro tiempo: el respeto a las diferencias, la igualdad de derechos, el reconocimiento de la diversidad cultural y moral, así como la irrestricta protección a la autonomía de las personas.

Sexto. En nuestra época es injustificable y condenable en términos éticos la homofobia en todas sus expresiones: discriminación, estigmatización y la intolerancia contra las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o transexuales, así como a sus hijos, como lo fue en el pasado la discriminación y la violencia racista o la intolerancia religiosa. La bondad o maldad de los vínculos sexuales y amorosos no depende del hecho de que las parejas sean heterosexuales u homosexuales. Moralmente valiosas o despreciables pueden ser las personas y la cualidad de sus relaciones, sea cual sea su orientación sexual.

Séptimo. La legalización del matrimonio homosexual puede tener un efecto positivo. Primero porque la experiencia internacional demuestra que la legalización de las uniones civiles de las personas homosexuales genera una mayor aceptación y respeto por parte de la población. Y segundo porque es posible que el reconocimiento y regulación legal de las uniones homosexuales ayude a fortalecer la pluralidad social, y contribuya así a la integración definitiva de las personas homosexuales en todos los ámbitos. La ley puede ayudar a reducir la intolerancia, en la medida en que el Estado mexicano se resuelva a castigar legalmente con rigor todo acto de discriminación, violencia o segregación homofóbica.

Sobre la prohibición de las corridas de toros

No emprenderé aquí una refutación punto por punto de los argumentos que, en el contexto de la prohibición en Cataluña a partir del 2012, han intentado defender las corridas de toros como una tradición cultural venerable o, por lo menos, tolerable. Pero ya que se han esgrimido sorprendentes razonamientos del más puro y duro antropocentrismo, conviene analizarlos someramente.

Antes de entrar en los temas bioéticos, debemos deslindar la disputa de política local española que ha estado involucrada en el asunto. Que el Parlamento de Cataluña haya decidido prohibir las corridas, pero no los correbous, es un error garrafal que alimenta todas las sospechas sobre el sesgo catalanista de la resolución legal. Que por ello la medida es hipócrita y de doble moral, resulta cierto. Pero no desacredita ni debilita el núcleo bioético en discusión, base racional de la prohibición: las corridas de toros son espectáculos públicos en los que se tortura y casi siempre se mata a miles de animales sintientes. Ojalá el Parlament corrija ese sesgo y se resuelva consecuentemente a prohibir también los correbous.

Inmoralidad o moralidad de las corridas de toros

Fernando Savater, reconocida autoridad en ética filosófica, ha tomado el estandarte del antropocentrismo defensor de la tradición taurina en un artículo publicado en El País como reacción a la resolución en Cataluña. Señala que no existen razones concluyentes que sustenten que “un Parlamento prohíba una costumbre arraigada, una industria, una forma de vida popular”. Ha equiparado la prohibición, promulgada por medios y formas democráticos, con las acciones del Santo Oficio, comparación que me parece abusiva por ser más que retórica.

Savater pregunta “¿son inmorales las corridas de toros?”; responde:

La sensibilidad o el gusto estético […] deben regular nuestra relación compasiva con los animales, pero desde luego no es una cuestión ética ni de derechos humanos (no hay “derechos animales”), pues la moral trata de las relaciones con nuestros semejantes y no con el resto de la naturaleza. Precisamente la ética es el reconocimiento de la excepcionalidad de la libertad racional en el mundo de las necesidades y los instintos [subrayado mío]. No creo que cambiar esta tradición occidental, que va de Aristóteles a Kant, por un conductismo zoófilo espiritualizado con pinceladas de budismo al baño María suponga progreso en ningún sentido respetable del término ni mucho menos que constituya una obligación cívica.



Las confusiones y falsedades vertidas en el párrafo anterior son escandalosas, tratándose de un profesor de ética con tanta experiencia. En verdad que hace quedar muy mal al gremio filosófico. Los que nos dedicamos a la ética filosófica tenemos la obligación de aclararle al respetable público: no todos pensamos así ni con tanto desaseo cuando se trata de defender nuestros gustos personales.

Primero, la idea de que la ética sólo tiene que ver con las relaciones entre seres humanos es contundentemente falsa. Todos aquellos seres vivos sintientes incapaces de tener actos conscientes, intencionales y deliberados (prácticamente todos los animales no humanos, pero también muchos seres humanos) no son agentes morales responsables (no podemos pedirles obligaciones y responsabilidades morales), pero eso no significa que la manera en que los tratamos no tenga relevancia ética. Una moral antropocéntrica intransigente y dogmática nunca concederá que tenemos obligaciones éticas con el resto de la naturaleza. En eso se sustenta el dominio abusivo y violento que los seres humanos han ejercido sobre muchas otras especies. Igualmente, un racista o xenófobo rechazará que los otros congéneres a los que considera inferiores tengan iguales derechos; y siempre defenderá su libertad para maltratarlos. En cambio, una ética capaz de superar el especieísmo antropocéntrico amplía el ámbito de la consideración moral y reconoce nuestras obligaciones y deberes para con el resto de la naturaleza, comenzando con todos aquellos seres vivos sintientes a los que afectamos, dañamos y matamos.

Segundo, la “excepcionalidad de la libertad racional” que se supone caracteriza a los seres humanos sería, en todo caso, justamente la base para que éstos sean capaces de regular y atemperar sus conductas violentas, independientemente de las fuerzas naturales, las pasiones y los instintos; es decir, de una manera libre y autónoma.

Tercero, si lo anterior no representa una forma de “progreso” ético de la humanidad (y, por ende, una revisión crítica de la venerable tradición que va de Aristóteles a Kant), entonces no existe ninguna posibilidad de avance civilizatorio y progreso en las formas de la convivencia humana. Entonces caeríamos en el más puro y llano nihilismo moral.

Además, si el intentar asumir responsabilidad ética por el trato que damos a otros animales no es un signo de progreso moral, ¿con qué argumentos podemos decir que la ética que defiende los derechos de todos los humanos por igual, o bien la ética que argumenta la igualdad fundamental entre los sexos, representan mejoras morales con respecto a las morales sexistas, machistas, etnocentristas, chovinistas, racistas y también antropocentristas?

Más de un escéptico despreció o se burló en el pasado de ideas que postularon la igualdad esencial entre todos los seres humanos. En nuestros tiempos, las evidencias científicas acabaron por dar sustento a ese ideal ético. Por ello cualquier moral discriminatoria es ahora inaceptable. Pero lo mismo sucede con cualquier planteamiento que excluya arbitrariamente del ámbito de nuestras responsabilidades y deberes éticos a los demás animales sintientes con los que nos relacionamos.

Por otra parte, Savater cuestiona:

¿Es papel de un Parlamento establecer pautas de comportamiento moral para sus ciudadanos, por ejemplo diciéndoles cómo deben vestirse para ser "dignos" y "dignas" o a que espectáculos no deber ir para ser compasivos como es debido? ¿Debe un Parlamento laico, no teocrático, establecer la norma ética general obligatoria o más bien debe institucionalizar un marco legal para que convivan diversas morales y cada cual pueda ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera?


El punto central de debate no es si las corridas son espectáculos dignos o indignos, moralmente positivos o denigrantes para los humanos. No pienso para nada que el aficionado a las corridas sea un ser degradado y perverso. El tema no es moral, es ético: la pregunta es si se produce o no la tortura y la muerte intencional de animales sintientes sólo para fines humanos que no poseen una justificación de primera necesidad hoy en día. Y si los parlamentos no pueden deliberar sobre los actos públicos para establecer regulaciones de la vida social, entonces no sé para qué deben servir. Luego no nos quejemos de la ineficacia e inutilidad de las democracias. Ciertamente, el consenso no es fácil de alcanzar ni puede ser unánime para imponer una restricción o una regulación a las libertades. Desde luego, a nadie le gustan las prohibiciones que dicta el poder público (sí en cambio, hay gente que se siente muy cómoda con las prohibiciones que imponen las religiones o las tradiciones culturales). Pero no hay otra forma de crear consensos legales y políticos.

Se ha dicho que era mejor que dejáramos morir de muerte natural a la tradición de las corridas. En Cataluña ha decaído rápidamente en los últimos años, pero eso es efecto también de una política pública. ¿Tenemos que esperar a que muera una tradición para que dejemos de matar a estos animales sólo por motivos festivos? ¿Por qué no actuar antes? Algún bien se conseguirá (menos animales sacrificados inútilmente), y éste es mayor que el mal causado (la restricción de las libertades y la frustración de algunos aburridos aficionados). Es claramente legítimo que el poder público intervenga para modificar aquellas tradiciones sociales violentas que ya no se justifican en nuestros tiempos. De esta manera, puede contribuir a formar nuevos consensos morales en las sociedades.

Savater señala que la asistencia a las corridas de toros es voluntaria; quien no quiera verlas, pues que no vaya. Pero igualmente voluntario era asistir a las decapitaciones y empalamientos en las plazas públicas; y no por eso diríamos ahora que dependen del gusto de cada quien. El punto no es lo público o lo privado de la fiesta brava, la preferencia o el gusto por tal o cual espectáculo, sino que en éste en particular se daña y mata animales de manera injustificada y masiva (como en otros actos culturales o tradicionales que también deberíamos abandonar). Esto es más que suficiente para convertirlo en un asunto de ética pública, de consenso ciudadano, y no de meras preferencias personales. Quizá se esté dando un primer paso para revisar y cuestionar todas las tradiciones culturales que impliquen violencia, tortura y muerte injustificadas de seres vivos.

La lucha contra las drogas y el nacrcotráfico

La inoportuna declaración del presidente Calderón sobre la muerte de Michael Jackson (el pasado viernes 26 de junio), en la que señalaba que el cantante pop había sido víctima de las drogas y que por eso su gobierno se esforzaba en la lucha contra el narcotráfico, pretendía reforzar el lema de su campaña “que la droga no llegue a tus hijos”, pero con esta declaración de mal gusto no logró más que evidenciar, en mi opinión, la equivocada concepción del gobierno mexicano con respecto a su lucha contra el narcotráfico, el uso de drogas y las adicciones.



En primer lugar, el slogan “que la droga no llegue a tus hijos” con el que el gobierno panista trata de ganar respaldo ciudadano para enfrentar al crimen organizado, revela una concepción moralista e ingenua, maniquea y reduccionista en la que se apoya el gobierno en turno, y explica también en gran medida por qué esa política de penalización del consumo y del tráfico de drogas está destinada al fracaso. El gobierno del presidente Calderón entiende bien que debe proteger a los ciudadanos, y en especial a los niños, del mal “objetivo” que constituyen las drogas (psicotrópicas). Asimismo, habrá que reconocer que es evidente que se ha decidido a enfrentar a los grupos criminales, a diferencia de todos los gobiernos pasados, que muy probablemente negociaron con los criminales. Ahora bien, la guerra abierta contra el narcotráfico, se dice, tiene como misión salvífica evitar que los niños se vuelvan adictos y destruyan sus vidas (como el famoso cantante exafroamericano). Pero esta afirmación es, por decir lo menos, inconsistente porque si sólo midiéramos la efectividad de la lucha del gobierno contra el narcotráfico en el mero terreno de la distribución de drogas ilegales (y en el fácil acceso que tienen los niños y jóvenes a ellas), es claro que ha habido y seguirá habiendo un rotundo fracaso de esa política prohibicionista. Y la razón es simple: no es prácticamente posible detener ese tráfico comercial porque hay una enorme demanda que crece año con año, y por ello un gran mercado mundial que distribuye las drogas con alta eficacia hacia todos los rincones del planeta, mediante sus mecanismos de corrupción globalizada.


¿En qué se funda tal necesidad de drogas psicotrópicas en nuestra época? Sin duda la respuesta no es fácil, pues encierra una complejidad psicológica, neurológica, sociológica, política, moral, etc., pero la solución no puede residir simplemente en ocultar o negar una realidad y alejarla de las buenas conciencias que sí creen en Dios y tienen temor de pecar. El gobierno mexicano actúa con un moralismo muy ingenuo, que se esconde tras los faldones de la política oficial antinarcóticos. El gobierno presupone que sólo las almas descarriadas y las personas “sin valores” (religiosos, por cierto), esas que surgen de familias desintegradas, son las que se vuelven adictas. Hay que proteger, según piensa el gobierno actual, a las personas de “familias decentes” y creyentes (que sí conocen a Dios, como dijo el presidente) de ese mal y “limpiar” las calles de la droga y los drogadictos.


¿Qué hacer entonces con un tráfico imparable que se sostiene en una demanda social que simplemente no se puede ocultar o desterrar, a pesar de los loables esfuerzos de las personas puras y decentes, como las que encabezan nuestro gobierno federal? ¿Se debe permitir entonces este tráfico, se deben legalizar las drogas? La respuesta del gobierno mexicano es, otra vez, moralista e ingenua: NO, de ninguna manera porque el uso de drogas psicotrópicas es inmoral y lleva a la desgracia a la niñez y la juventud. Ahora bien, es claro que todas las sustancias psicotrópicas tienen un potencial adictivo y destructivo; que nadie se mueva a engaño: las drogas duras (y principalmente las sintéticas, por su alto grado de toxicidad) constituyen un mal, en el sentido en el que causan daño a las personas y a las relaciones sociales. Ni duda cabe. Pero hay una inconsistencia imperdonable en la política del Estado mexicano: al menos subsiste desde hace años una droga legal (las bebidas alcohólicas), que tiene un enorme poder adictivo y que causa graves trastornos sociales. En muchos países como el nuestro, sigue siendo uno de los factores causantes de accidentes automovilísticos en el que muchos, principalmente jóvenes, mueren día con día. Resulta pues que las drogas ilegales no son las únicas dañinas ni las drogas legales están bien reguladas, ni se controlan o evitan estrictamente las malas consecuencias de su venta y consumo libre.


Se ha dicho hasta el cansancio que la adicción a cualquier tipo de droga es un problema de salud que debe tratarse como tal. No obstante, el principal problema de la venta y consumo de drogas ilegalizadas no es, a pesar de todo, sanitario, sino más bien de índole social y político. El “mal” que el gobierno cree combatir en su “cruzada” contra las drogas no reside en las sustancias psicotrópicas mismas, sino en el crimen organizado que controla el tráfico ilegal de drogas, y que realiza otras tantas actividades delictivas como el secuestro o el tráfico (inhumano) de personas. El problema de fondo es que estas organizaciones criminales desafían claramente el poder del Estado mexicano y han mostrado que poseen ya el control territorial y la capacidad de ganarse el apoyo y el respaldo popular, mediante la corrupción endémica, la venalidad inherente a los cuerpos policíacos y a las instituciones de procuración de justicia, o bien mediante la amenaza, el terrorismo y el asesinato de quienes se atreven valientemente a oponerse a sus fines (como ha sido el caso de muchos periodistas asesinados en todo el país.) El verdadero mal es el poder corruptor del crimen organizado que controla el narcotráfico ilegal.


Lo que hemos visto con consternación es un gobierno federal que se debilita y unos gobiernos estatales terriblemente ineficientes y totalmente infiltrados. La pesadilla de nuestra caricatura de federalismo se ha hecho realidad. La federación está colapsada, no funciona porque en realidad el sistema político mexicano nunca fue diseñado como una auténtica república federal. Nuestro federalismo está lleno de contradicciones y parches mal confeccionados que llevan a la parálisis y al enfrentamiento estéril entre gobernadores caciquiles (incapaces siquiera de controlar una prisión y evitar la fuga de sus reos V.I.P. o de saber a qué se dedican en verdad sus funcionarios más cercanos), y un gobierno federal que no posee ni el control de las fuerzas de seguridad de todo el país, ni la capacidad de reacción rápida en cualquier parte del territorio nacional. Esto es lo más grave del problema: parece que el Estado mexicano ha perdido control de su territorio. Por ello, lo más preocupante de la guerra contra el narcotráfico es que, una vez iniciada, no es aceptable más que la derrota de esos enemigos internos del Estado. Pero, otra vez, el gobierno cae en la ingenuidad de que vencerá al enemigo maligno que “envenena” a nuestros niños sólo porque se cree moralmente superior. No basta. A esos enemigos habrá que derrotarlos con acciones judiciales y militares eficaces, proporcionadas al poder de fuego y organización táctica que poseen los grupos criminales. Pero francamente, no hemos visto un ejército, ni mucho menos fuerzas policiacas, capaces de ello. La victoria es muy incierta. No sabemos a qué costo ni en cuánto tiempo sería factible derrotar al crimen organizado. Ahora bien, ¿es posible acabar con todos los maleantes, con el ejército de vendedores callejeros, sicarios, fuerzas paramilitares, contadores, abogados, médicos, publirrelacionistas y otros profesionales que trabajan en el crimen organizado, así como con sus cientos (quizá miles) de policías, soldados, jueces, ediles, presidentes municipales, diputados, senadores, probablemente gobernadores o funcionarios de los gobiernos estatales o federal de alto nivel que trabajan para los “maleantes”? Más aún: ¿qué pasaría con todo ese ejército de trabajadores del crimen si se cerrara su “fuente de empleo”? ¿Se convertirían en trabajadores honrados en sectores legales y poco atractivos económicamente? Sin duda que se trata de un enorme problema social, pues tal parece que muchas de esas personas sólo tienen cabida en actividades criminales. Terrible sería convertir a los sicarios en comandantes judiciales o militares, pero lo contrario es lo que ocurre día con día: las deserciones en el ejército crecen año con año y de los miles de expolicías cesados o en retiro, nadie sabe cómo se ganan la vida.


Sin embargo, la triste realidad es que tarde o temprano el negocio sucio de las drogas duras tendrá que ser consagrado en la pila del mercado, para seguir siendo un negocio sucio pero lícito, como muchos otros. Ojalá que quienes han matado y corrompido a todo el que han querido y podido no se conviertan en los beneficiarios de esa gran operación de lavado. Ojalá se hiciera justicia. Pero tampoco nos hagamos ilusiones. De hecho, gracias a la doble moral consustancial al mercado capitalista, es decir, a que lo único que tiene valor es el dinero, los jefes criminales, aquellos que siempre visten de cuello blanco, lavan de consuno todo el dinero mal habido de ese gigantesco negocio, y están perfectamente integrados y mimetizados en las altas esferas de la sociedad mexicana. De facto, signo de la degradación moral y del poder de penetración de la narcocultura, es que algunos sectores de la sociedad han consagrado o han rendido culto a los criminales, a veces a escondidas o con mensajes cifrados en corridos e historias populares, por sus hazañas, brutalidades y su ambición desmedida.


Mientras el gobierno mexicano trate de hacer propaganda a su guerra contra el crimen en términos del moralismo tan ramplón del lema “que la droga no llegue a tus hijos”, no podrá convencer a nadie de la necesidad de la defensa de las mermadas instituciones del Estado, ni del peligro real que representa el creciente poder económico, político y “bélico” que ha concentrado el crimen organizado.


Esto nos lleva al punto crucial de la “lucha contra las drogas”. Por años se ha dicho que mientras se consideren ilegales ciertas drogas, y en realidad el sistema judicial sólo penalice a los consumidores y a los vendedores en pequeña escala, pero casi nunca a los grandes capos ni a los grandes distribuidores, el negocio del narcotráfico tendrá muchos años asegurados para aumentar sus ganancias, así como su capacidad de penetración y destrucción de la vida social y política de este país. Si el Estado mexicano no adopta una política que considere a sus ciudadanos como personas capaces de decidir por sí mismos, y deja de asumir el triste papel de inquisidor que dice qué drogas son legales y cuáles no, con qué es lícito que la gente se embrutezca y con qué no, la batalla estará de antemano perdida, con enormes costos en vidas y en mayor debilitamiento de las instituciones del Estado.


En este punto sigo el argumento clásico de John Stuart Mill. En un Estado liberal, los ciudadanos mayores de edad, tienen la libertad y la responsabilidad de saber qué hacer con sus vidas, qué hacen con sus cuerpos y qué cosas consumen. La responsabilidad del Estado consiste, por su parte, en regular las libertades y evitar que las consecuencias de éstas dañen a terceros. Desde estos principios, los ciudadanos tienen derecho a consumir cosas que objetivamente son dañinas para sus cuerpos y sus mentes, para lo cual deben recibir la información y las advertencias adecuadas por parte del Estado, como en el caso de los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Ahora bien, es responsabilidad de los adultos y de toda la sociedad que los niños no consuman esos productos “dañinos para la salud”, pero una vez que un adulto ha comenzado a consumir drogas, él o ella tiene la entera responsabilidad de saber hasta dónde quiere llegar y hasta dónde debe parar. Si pierde el control y se vuelve un adicto, aun así tiene la autonomía y la responsabilidad para pedir auxilio a otros para que lo ayuden a lidiar con su adicción. En todo momento, al Estado sólo le corresponde la responsabilidad de evitar que esa decisión dañe la salud o los derechos de otros. La despenalización del consumo y la legalización del narcotráfico (con las restricciones y controles necesarios) no implican que el Estado abandone la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de los efectos negativos de las libertades individuales, sólo implica que el Estado tiene que regularlas objetivamente en función de los riesgos y daños comprobados de los productos y sustancias que se ofrecen en el mercado. En este sentido, podrían prohibirse determinadas drogas sintéticas por su alto grado de toxicidad, y otras ser reguladas como productos peligrosos, sólo para consumo de adultos. El mismo esquema debe aplicarse con el consumo de cualquier otra cosa que sepamos que objetivamente causa adicción o daño al propio consumidor, e indirectamente a quienes lo rodean.


El moralismo del gobierno mexicano tiene un punto cierto: sí, el abuso de las drogas destruye vidas, y los niños no deberían ser víctimas. Las drogas psicotrópicas son muy peligrosas y no cualquiera es capaz de manejar adecuadamente sus efectos. Es fácil perderse en la ilusión de los paraísos artificiales, una vez abiertas las puertas de la percepción. Pero en un auténtico Estado democrático, los ciudadanos adultos, con plena conciencia y capacidad de autodeterminación, tienen la libertad y la responsabilidad de experimentar y de aprender a distinguir entre el bien y el mal. En la lucha contra las drogas habrá que distinguir con sumo cuidado:


a) La lucha contra los criminales es una guerra que se tiene que ganar a toda costa, no puede haber marcha atrás, a menos que sea una salida pactada para que esos enemigos del Estado depongan las armas y abandonen la violencia, pero sin negociar las penas judiciales a que sean acredores; pero no se trata de una guerra moral, sino me temo que más bien de orden militar. Y no la está ganando ni el gobierno ni la sociedad (cuya mayoría, en efecto, consiste en personas honestas y limpias); la está ganando el otro bando que se ha aliado con algunos de los peores de nuestros males endémicos: la extendida cultura de la corrupción y nuestros moralismos.


b) La lucha contra los adictos a las drogas debe terminar: sustituyámosla por la lucha social, terapéutica y médica contra la adicción y los efectos perjudiciales del uso de drogas.

La cultura de la transa: pan nuestro de cada día

Con muy buenas razones los legisladores en México son los que tienen la imagen social más negativa, peor incluso que la de los policías. Ayer salió a la luz otra perla de nuestra endémica corrupción institucionalizada y normalizada.

Vean la nota de El Universal sobre las transas que hacen los diputados con sus "prestaciones" para boletos de avión. Si es inaceptable que los diputadetes, que no son precisamente la crema, nata e inteligencia de la sociedad, tengan tantos privilegios, esto ya es el colmo: reciben boletos de avión siempre de primera clase y si no usan todo el monto al que tienen "derecho" como viáticos, reciben el equivalente en efectivo. Uno de los síntomas más claros de nuestro atraso social y degradación política es el sistema de privilegios de la clase política, que ha perpetuado los viejos fueros y las jeraquizaciones abusivas del poder, que se remontan a la colonia: una de las peores cosas de nuestra herencia hispánica. Nunca hemos vivido en una sociedad de ciudadanos iguales, ni en un auténtico estado de derecho. La perpetuación de los privilegios abusivos y del despilfarro de los recursos públicos, amén de la costumbre convertida en regla de oro de que los recursos públicos deben ser usados para los beneficios e intereses privados de los funcionarios en turno, constituyen verdaderos lastres que impiden el desarrollo de una sociedad democrática.

Si no hay sexo, no hay comida

Revisen esta nota de El País sobre una pintoresca ley en Afganistán que faculta a los maridos a no dar alimentos a las esposas que se nieguen a tener sexo con ellos.

Al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, financiado por la comunidad internacional que combate al integrismo talibán, le llueven críticas por la nueva ley dedicada a la mujer chií, que fue publicada el domingo. El texto permitirá a los maridos de la etnia hazara que profesan esa confesión (el 9% de los afganos) castigar sin alimentos a sus esposas si éstas les niegan el tamkeen, el derecho a la satisfacción de las necesidades sexuales.

Se trata de una pequeña ilustración de la cultura machista. ¿Es esto adecuado en un Estado de derecho que protegieras los derechos humanos? El problema multicultural salta a la vista: ¿Podemos exigir a todas las comunidades culturales que se adecuen a la idea "occidental" de los derechos humanos y al extravagante principio de la igualdad entre los géneros? ¿Qué consecuencias tiene la aceptación de derechos humanos universales, y qué consecuencias tiene su no aceptación?
¿Qué nos permite cuestionar y objetar las morales existentes?, ¿con base en qué criterios y conceptos? ¿Puede haber algo así como una batería de principios morales universales? Estas son preguntas esenciales para una investigación ética-filosófica.

Opinen y cuestionen

Bienvenida curso semestre 2010-1

Sean bienvenidos a este curso de ética, nuevo ciclo, nuevo semestre, nuevos bríos, viejas ideas, no tan nuevo programa...

Espero que este sea el inicio de un camino lleno de descubrimientos en la espesura del pensamiento.
Este blog pretende ser el diario de curso, las notas de viaje o el instructivo para sobrevivirlo.